'Reelección' no es una palabra que traiga gratos recuerdos en nuestro país. La experiencia que vivimos durante el régimen deAlberto Fujimori es una buena prueba de que, frente al Ejecutivo, el resto de instituciones tiene muy poca capacidad de detener a un gobernante que quiera abusar del poder. El Congreso, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, la contraloría y otros organismos deberían tener la capacidad de ser un efectivo contrapeso al Ejecutivo y de detener cualquier abuso por parte de este último. Pero nuestra historia ha probado que no lo son. De hecho, un presidente muy poderoso no tendría mayor inconveniente si quisiera intervenir y controlar a las mencionadas instituciones, siempre que le falten escrúpulos y cuente con el tiempo suficiente en el cargo para hacerlo (como de hecho ya ha sucedido). Por eso, impedir la continuidad del mandatario en el poder por un período adicional inmediato pareciera ser la única forma que hemos encontrado para evitar este tipo de escenarios indeseables.
El problema de que un presidente se quede mucho tiempo en el cargo y abuse de su poder, por lo demás, no es exclusivo del Perú. Hoy mismo vemos cómo ese fenómeno se ha repetido recientemente en Venezuela, Ecuador, Bolivia o Argentina, donde la reelección de sus mandatarios no ha llevado hacia ningún lugar positivo.
Ahora, ¿por qué lo que no funciona a nivel del Gobierno Central ni en el Perú ni en el resto de países de América Latina debería funcionar en nuestros gobiernos regionales? ¿Nuestras instituciones sí han demostrado ser frenos efectivos a funcionarios regionales corruptos o abusivos? Por el contrario, diera la impresión de que también son incapaces de cumplir con esa función. De hecho, la lejanía geográfica pareciera volver aun más complicada la fiscalización de lo que pasa al interior del país. Todo esto llevaría a pensar que tampoco debería permitirse que estos funcionarios puedan reelegirse de manera inmediata, como de hecho lo plantea un proyecto de ley de la bancada de Perú Posible.
Esta modificación constitucional se muestra aun más necesaria ahora que somos testigos de los abusos que se perpetran en algunas regiones. La falta de controles institucionales ha hecho posible que ciertos presidentes regionales se conviertan en una suerte de señores feudales, que hacen y deshacen como les viene en gana, atropellando la ley con impunidad y sin rendir cuentas a nadie. Una situación facilitada por el importante flujo de recursos que han recibido varias regiones a raíz de las actividades extractivas en sus localidades.
Este problema podría ser bien ejemplificado por los señores Gregorio Santos en Cajamarca, César Álvarez en Áncash y Gerardo Viñas Dioses en Tumbes. Santos, como recordamos, en la época del conflicto por el proyecto Conga, desconoció abiertamente normas del Ejecutivo y del Congreso, usó (según la contraloría) recursos del gobierno regional para financiar movilizaciones y colideró un movimiento que bloqueó vías, secuestró a su ciudad y atacó con armas de fuego la municipalidad de un alcalde opositor. Además, se le imputa una serie de irregularidades en los procesos de selección y ejecución de proyectos públicos. Álvarez, por su parte, es acusado de espiar a sus opositores y atentar contra sus vidas, de sobrevaluar inversiones, de sobornar periodistas, de amenazar a una fiscal, entre otros varios delitos. Según el procurador anticorrupción Christian Salas, la situación de Áncash es una ‘minidictadura’. Finalmente, Viñas Dioses (que estuvo preso en 1993 al 2001 por terrorismo y tiene una acusación por violación) afronta varias denuncias por corrupción, malversación de fondos, proselitismo político y por 16 casos de amedrentamiento de la prensa y opositores, entre otras. Y, lamentablemente, estas no son las únicas regiones en las que encontramos denuncias.
¿Queremos realmente que este tipo de funcionarios puedan tentar la reelección para que concentren aún más poder? Prohibir la reelección inmediata de los presidentes regionales (aún cuando solo sea posible hacerlo a partir de las elecciones del 2018) se muestra como la opción más sensata. Es, aparentemente, el único freno que nuestra precaria institucionalidad nos permite pisar para detener, en alguna medida, los abusos de los gobiernos al interior del país.
Fuente: Editorial Diario el Comercio
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